El desastre de Fukushima entierra las grandes promesas del sector. Los beneficios privados exigen un enorme desembolso de dinero público
En 1954, Lewis Strauss, financiero estadounidense entusiasta del uso nuclear para fines civiles, pronunció un discurso ante la Asociación Nacional de Escritores Científicos que quedaría como hito de la fe en el potencial de la energía nuclear para mejorar el mundo: auguró que llegaría a ser "demasiado barata para facturarla". Limpia, infinita, segura y, además, gratis: la gran utopía al alcance de la mano.
Casi 57 años después, y pese a Chernóbil y a decenas de sustos y a quiebras económicas -entre ellas, la de Fecsa, aquí-, el eco de esta promesa aún se escuchaba con la música del "renacer nuclear". El pasado 8 de marzo, FAES, la fundación presidida por José María Aznar, presentó su informe Propuestas para una estrategia energética nacional, en el que participaron casi 30 expertos de máximo nivel, que no sólo abogaba por construir más nucleares y extender hasta los 60 años la vida de las actuales, sino que exhibía una fe que lo emparentaba con Strauss: la energía nuclear, insistía, es "sostenible, limpia, segura y económica". Sin matices.
El entusiasmo no dejaba resquicio para el debate: "La gestión de los residuos radiactivos está asegurada y garantizada". Y todavía más: "La seguridad de las centrales nucleares está fuera de duda".
Sólo tres días después, un terremoto arrasó Japón. Y no debe de haber ya nadie en todo el mundo que no haya oído hablar de Fukushima.
"Fukushima supone un antes y un después equivalente al de Chernóbil, acabe como acabe. Ya no se puede decir que es un accidente en una dictadura decadente, sino que se trata de la democracia más pronuclear, junto con Francia", sostiene un alto cargo del Gobierno español experto en nucleares.
Debate abierto
La sensación de que el peligro de "apocalipsis" en Japón supone un antes y un después está muy extendida, aunque ello no zanjará ni mucho menos el debate nuclear. Los pronucleares seguirán defendiendo la necesidad de esta energía para recuperar la senda del crecimiento económico, insistirán en que, pese a todo, es bastante segura y subrayarán que no genera CO2 y que es barata. Los antinucleares responderán que el avance de las renovables la hace ya innecesaria, que la seguridad nunca será total, que sí genera CO2 si se analiza el ciclo nuclear completo y que sólo es barata si la gran inversión requerida está amortizada.
El debate seguirá, pero ya sin la fe de Strauss: ese sueño resultó ser una quimera.
"Seguimos convencidos de que no se puede prescindir de la energía nuclear para afrontar las crecientes demandas energéticas. Pero siempre estamos abiertos a replantear cosas y a aprender de lo sucedido", explica María Teresa Domínguez, presidenta del Foro Nuclear, que agrupa a la industria española del sector. "Hay que estudiar con mucho detalle lo que ha pasado y ver qué puede mejorarse", admite, comedida.
Las posiciones más entusiastas, las que abrazaron la quimera de Strauss, no han sido patrimonio ideológico de nadie -se encuentran en la derecha y en la izquierda-, pero sí son una característica común de todos los think-tanks partidarios del libre mercado en estado puro. Pero paradójicamente fue el mercado el que primero señaló que el sueño de la energía nuclear baratísima y sin peligro era en realidad una quimera. Nunca se creyó las promesas: ni las aseguradoras quieren darle cobertura ni los inversores jugarse su dinero, salvo si el Estado corre con los gastos.
La única fórmula que se encontró para incorporar a las aseguradoras al circuito fue eximirlas por ley de la responsabilidad civil y endosársela al Estado. Y así ha sucedido en todos los países que han abrazado esta energía, incluido España, desde que la Ley Price-Anderson abriera camino en EEUU, en 1957.
Alto riesgo
Aun así, ninguna empresa se atreve en solitario, como recalca el mismo Diccionario Mapfre de Seguros, que tiene entrada propia para "riesgo atómico": "Dada su gravedad, no es normalmente aceptado por aseguradoras individuales, sino que su cobertura suele corresponder a un pool o consorcio de aseguradores".
Cuando a partir de 2007 empezaron a elevarse las cuantías mínimas a cubrir, ni siquiera sirvieron ya los pools. Y eso que la cifra asegurada es ínfima en relación con la responsabilidad civil que debería afrontar el Estado: el Congreso acaba de elevar en España el seguro obligatorio a 1.200 millones, cuando el Gobierno ucranio ha cifrado en 55.000 millones sólo los costes sanitarios de Chernóbil.
"Se supone que las nucleares refuerzan la economía, pero lo que vemos es que la pueden llevar a la quiebra y las aseguradoras lo saben", opina Carlos Bravo, de Greenpeace.
Tampoco hay inversores que se atrevan a lanzarse a construir centrales nucleares en un entorno de libre competencia. Ni siquiera ante la promesa de ayuda estatal: el último reactor construido en EEUU data de 1979, pese a que George W. Bush y Barack Obama han ofrecido préstamos preferentes que llegarían hasta el 80% del total de la inversión y que podrían llegar hasta 25.000 millones de euros en total.
Pero el mercado no se fía de las bondades nucleares -ya en 1984, la revista Forbes calificó la energía nuclear del "mayor fiasco en la historia económica norteamericana"- ni siquiera para aportar ese 20% sin cobertura. Tampoco en España, donde la moratoria nuclear terminó de facto con la liberalización de 1997, se ha presentado un sólo proyecto privado de nueva construcción. Y esto que nadie era capaz aún de colocar en el mapa a Fukushima, que según todos los expertos exigirá gastos adicionales en seguridad.
En la práctica, las centrales se construyen sólo cuando es el Estado el motor y garante del proceso, ya sea en China o en Francia, cuya energía procede en un 75% de las nucleares. "La inversión requerida es tan grande y a tan largo plazo, con tantas incertidumbres, que el riesgo es enorme", explica Santos Ruesga, catedrático de Economía de la UAM y experto en nucleares.
Desde que empezó el negocio, a mediados de la década de 1950, el coste y el periodo de construcción de una central casi siempre han sido el doble o el triple del previsto en el plan de negocio. Un exhaustivo informe oficial de EEUU calculó que el coste de las 75 centrales estudiadas había superado los 145.000 millones de dólares cuando estaba previsto un desembolso de 45.000.
Sobrecoste en Finlandia
La tendencia sigue hasta hoy. La supermoderna central nuclear que empezó a construirse en Finlandia en 2003 se presupuestó para cuatro años y 3.000 millones de euros. La fecha prevista ahora para su inauguración es 2013 y la factura suma ya 5.800 millones. Estos 2.800 millones de diferencia -y subiendo- los tendrá que asumir el promotor, Areva, controlada por el Estado francés: pagarán, pues, los contribuyentes.
En este desfase radica buena parte de los enormes agujeros financieros de origen nuclear. Para taparlos, siempre se ha recurrido al dinero público. También en España.
La burbuja nuclear que estalló en EEUU en la década de 1980 tuvo igualmente su réplica aquí. Tras llegar al Gobierno, el PSOE declaró una moratoria nuclear que muchos expertos atribuyen en realidad a un intento de evitar la quiebra en cadena de las eléctricas, ahogadas por los créditos de origen nuclear. Con la moratoria se suspendió la construcción de siete centrales imposibles de terminar y posteriormente se repartieron a las empresas 729.000 millones de pesetas (4.391 millones de euros) en indemnizaciones, que han ido pagando los consumidores a través de la tarifa eléctrica.
Pero no fue este el único flujo de dinero público hacia el sector: mientras duró el periodo de amortización -en que los propietarios de las centrales tenían que ir pagando la enorme deuda contraída para la construcción-, funcionaba un sistema estable que pagaba por la energía nuclear una factura alta que permitiera la amortización en sólo 25 años. Después, con la liberalización de 1997, se introdujeron además fondos públicos específicos de más de mil millones -que fueron combatidos por Bruselas- para ayudarla a competir en un mercado abierto.
Y luego está el espinoso asunto de los residuos, que hasta la conmoción de Fukushima era el problema pendiente del sector, por mucho que FAES lo diera por resuelto. También aquí el dinero público acaba acudiendo al rescate, a menudo en el paquete del desmantelamiento de la central tras el fin de su vida útil.
Dudas con los residuos
En España, los residuos de baja y media actividad se van almacenando en El Cabril (Córdoba) y como el horizonte en que llegará al 100% se acerca -en principio, 2030-, urge construir un nuevo almacén, que exigirá el desembolso de otros mil millones. Pero aún no se sabe cómo guardar los de alta actividad, que son apenas el 5% del total pero que representan el 95% de la radiactividad, letales durante centenares de miles de años. Nadie sabe cuánto costará hacerse cargo de todo esto.
Tras la llegada del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se fijó a las empresas un canon de 0,2 euros por Mwh para hacer frente a los residuos. Por esta vía está previsto que el fondo creado en 1985 -y alimentado hasta 2006 con dinero público- alcance 16.000 millones en 2060.
¿Será suficiente? No hay estimaciones oficiales, pero tampoco dudas: no. Reino Unido ha calculado que necesitará invertir 125.000 millones para desmantelar su parque de centrales obsoletas y hacerse cargo de los residuos durante 125 años. La factura la pagará el contribuyente.
"Lo que en España tenemos resuelto en los residuos es el equivalente a una semana de vida de un adulto que llegará a los 80 años. Nadie es capaz ni siquiera de imaginar a cuánto ascenderá el coste", afirma un alto cargo gubernamental.
"Los gastos de esta energía supuestamente tan barata son enormes, pero siempre se socializan", lamenta Ladislao Martínez, una de las referencias del mundo ecologista español, ahora en Fundación Renovables, quien agrega otros dos aspectos que nunca se contabilizan: las carreteras especiales construidas para cumplir con los planes de emergencia y "la increíble consideración de la nuclear como industria nacional cuando desde 2001 importa el 100% del uranio".
Si todos estos gastos se han socializado, no ha pasado lo mismo con los beneficios generados una vez superado el largo periodo de amortización. Tampoco aquí hay datos oficiales, pero sí suficientes indicios como para concluir que han sido muy cuantiosos.
Es ahora, que ya no hay que cargar con los enormes gastos financieros derivados de la construcción, cuando puede hablarse de que producir energía nuclear es barato: según un informe de 2008 elaborado por tres consejeros de la Comisión Nacional de Energía -Sebastià Ruscalleda, Jorge Fabra y Jaime González-, el coste de producción para centrales amortizadas era de 18 euros por MWh en las nucleares, por 58 del carbón y casi 69 del ciclo combinado.
"Caídos del cielo"
En los años de amortización, el sistema beneficiaba a las nucleares. Y el de ahora, en las antípodas de aquél, también: las empresas ofertan su energía en una subasta y Red Eléctrica, tras adquirir el lote de renovables, va comprando por orden de barato. Como las nucleares no pueden parar la generación, entran en el sistema a "precio cero" para asegurar así que se coloca la disponible. Pero luego el sistema establece que todos reciban el mismo pago que la última tecnología que ha entrado en la subasta (la más cara), que suele ser el gas natural.
El negocio es tan redondo ahora, con los costes de capital ya amortizados, que se ha creado un término ad hoc para referirse a ellos: "beneficios caídos del cielo". Del informe de la CNE se desprendía que los dueños de las nucleares se repartieron por esta vía 2.000 millones en 2008. Ello lleva a la cifra media de 800.000 euros al día por central.2008 fue un año excepcional porque el precio de referencia que pagó Red Eléctica subió hasta los 60 euros. Pero incluso con los baremos actuales, en torno a los 40 euros, los beneficios son magníficos: unos mil millones al año en su conjunto, 400.000 euros al día de media por central.
Impuesto en Alemania
Que estas estimaciones se acercan a la realidad lo prueban los cálculos difundidos en Alemania tras la decisión de Angela Merkel -tras Fukushima, congelada- de prolongar 12 años la vida de las 17 centrales: iba a suponer 100.000 millones de ingresos extras para las empresas. La cuenta supone 1,3 millones brutos por central y día. Eso sí, Merkel gravó con un impuesto la prolongación del periodo de funcionamiento, con lo que el Estado iba a ingresar 30.000 millones.
El sector español no da cifras de beneficios. Como mucho, de inversiones: "Hemos internalizado muchos más costes que otros, como los residuos, y pese a ello seguimos siendo competitivos e invertimos 300 millones al año en mejoras al parque nuclear", destaca la presidenta del Foro Nuclear.
La gran paradoja es que el consumidor no se beneficia ahora de que el precio de producción nuclear sea tan bajo porque Red Eléctrica paga la tarifa cara. "Ahora mismo, el gran argumento de que producir energía nuclear es barato sólo sirve para aumentar el bolsillo de sus propietarios", lamenta Javier García, de Ecologistas en Acción. Los beneficios del sector dependen, pues, fundamentalmente de que se alargue la vida de las centrales que ya se amortizaron con ayuda de dinero público: levantar nuevas centrales exige un esfuerzo económico demasiado arriesgado para un inversor privado mientras que las viejas implican beneficios seguros y para hoy. "La industria planteó el renacer nuclear al extremo para quedarse en el punto medio, que es el que en realidad les interesa: prolongar la vida de las centrales", opina Carlos Mulas-Granados, economista y director de Ideas, la fundación del PSOE.
Esta dinámica incrementa más aún los riesgos de la energía nuclear, añade Enric Tello, economista de la UB: "En estas condiciones, se querrá sacar el máximo partido de la gallina de los huevos de oro y las centrales son muy antiguas. La pugna entre la rentabilidad privada y la seguridad pública aún crecerá mas", opina. El sueño de Strauss resultó ser una quimera. Pero aún podría convertirse en pesadilla.
Fuente: Publico.es
Autor: Pere Rusiñol / Madrid
En 1954, Lewis Strauss, financiero estadounidense entusiasta del uso nuclear para fines civiles, pronunció un discurso ante la Asociación Nacional de Escritores Científicos que quedaría como hito de la fe en el potencial de la energía nuclear para mejorar el mundo: auguró que llegaría a ser "demasiado barata para facturarla". Limpia, infinita, segura y, además, gratis: la gran utopía al alcance de la mano.Casi 57 años después, y pese a Chernóbil y a decenas de sustos y a quiebras económicas -entre ellas, la de Fecsa, aquí-, el eco de esta promesa aún se escuchaba con la música del "renacer nuclear". El pasado 8 de marzo, FAES, la fundación presidida por José María Aznar, presentó su informe Propuestas para una estrategia energética nacional, en el que participaron casi 30 expertos de máximo nivel, que no sólo abogaba por construir más nucleares y extender hasta los 60 años la vida de las actuales, sino que exhibía una fe que lo emparentaba con Strauss: la energía nuclear, insistía, es "sostenible, limpia, segura y económica". Sin matices.
El entusiasmo no dejaba resquicio para el debate: "La gestión de los residuos radiactivos está asegurada y garantizada". Y todavía más: "La seguridad de las centrales nucleares está fuera de duda".
Sólo tres días después, un terremoto arrasó Japón. Y no debe de haber ya nadie en todo el mundo que no haya oído hablar de Fukushima.
"Fukushima supone un antes y un después equivalente al de Chernóbil, acabe como acabe. Ya no se puede decir que es un accidente en una dictadura decadente, sino que se trata de la democracia más pronuclear, junto con Francia", sostiene un alto cargo del Gobierno español experto en nucleares.
Debate abierto
La sensación de que el peligro de "apocalipsis" en Japón supone un antes y un después está muy extendida, aunque ello no zanjará ni mucho menos el debate nuclear. Los pronucleares seguirán defendiendo la necesidad de esta energía para recuperar la senda del crecimiento económico, insistirán en que, pese a todo, es bastante segura y subrayarán que no genera CO2 y que es barata. Los antinucleares responderán que el avance de las renovables la hace ya innecesaria, que la seguridad nunca será total, que sí genera CO2 si se analiza el ciclo nuclear completo y que sólo es barata si la gran inversión requerida está amortizada.
El debate seguirá, pero ya sin la fe de Strauss: ese sueño resultó ser una quimera.
"Seguimos convencidos de que no se puede prescindir de la energía nuclear para afrontar las crecientes demandas energéticas. Pero siempre estamos abiertos a replantear cosas y a aprender de lo sucedido", explica María Teresa Domínguez, presidenta del Foro Nuclear, que agrupa a la industria española del sector. "Hay que estudiar con mucho detalle lo que ha pasado y ver qué puede mejorarse", admite, comedida.
Las posiciones más entusiastas, las que abrazaron la quimera de Strauss, no han sido patrimonio ideológico de nadie -se encuentran en la derecha y en la izquierda-, pero sí son una característica común de todos los think-tanks partidarios del libre mercado en estado puro. Pero paradójicamente fue el mercado el que primero señaló que el sueño de la energía nuclear baratísima y sin peligro era en realidad una quimera. Nunca se creyó las promesas: ni las aseguradoras quieren darle cobertura ni los inversores jugarse su dinero, salvo si el Estado corre con los gastos.
La única fórmula que se encontró para incorporar a las aseguradoras al circuito fue eximirlas por ley de la responsabilidad civil y endosársela al Estado. Y así ha sucedido en todos los países que han abrazado esta energía, incluido España, desde que la Ley Price-Anderson abriera camino en EEUU, en 1957.
Alto riesgo
Aun así, ninguna empresa se atreve en solitario, como recalca el mismo Diccionario Mapfre de Seguros, que tiene entrada propia para "riesgo atómico": "Dada su gravedad, no es normalmente aceptado por aseguradoras individuales, sino que su cobertura suele corresponder a un pool o consorcio de aseguradores".
Cuando a partir de 2007 empezaron a elevarse las cuantías mínimas a cubrir, ni siquiera sirvieron ya los pools. Y eso que la cifra asegurada es ínfima en relación con la responsabilidad civil que debería afrontar el Estado: el Congreso acaba de elevar en España el seguro obligatorio a 1.200 millones, cuando el Gobierno ucranio ha cifrado en 55.000 millones sólo los costes sanitarios de Chernóbil.
"Se supone que las nucleares refuerzan la economía, pero lo que vemos es que la pueden llevar a la quiebra y las aseguradoras lo saben", opina Carlos Bravo, de Greenpeace.
Tampoco hay inversores que se atrevan a lanzarse a construir centrales nucleares en un entorno de libre competencia. Ni siquiera ante la promesa de ayuda estatal: el último reactor construido en EEUU data de 1979, pese a que George W. Bush y Barack Obama han ofrecido préstamos preferentes que llegarían hasta el 80% del total de la inversión y que podrían llegar hasta 25.000 millones de euros en total.
Pero el mercado no se fía de las bondades nucleares -ya en 1984, la revista Forbes calificó la energía nuclear del "mayor fiasco en la historia económica norteamericana"- ni siquiera para aportar ese 20% sin cobertura. Tampoco en España, donde la moratoria nuclear terminó de facto con la liberalización de 1997, se ha presentado un sólo proyecto privado de nueva construcción. Y esto que nadie era capaz aún de colocar en el mapa a Fukushima, que según todos los expertos exigirá gastos adicionales en seguridad.
En la práctica, las centrales se construyen sólo cuando es el Estado el motor y garante del proceso, ya sea en China o en Francia, cuya energía procede en un 75% de las nucleares. "La inversión requerida es tan grande y a tan largo plazo, con tantas incertidumbres, que el riesgo es enorme", explica Santos Ruesga, catedrático de Economía de la UAM y experto en nucleares.
Desde que empezó el negocio, a mediados de la década de 1950, el coste y el periodo de construcción de una central casi siempre han sido el doble o el triple del previsto en el plan de negocio. Un exhaustivo informe oficial de EEUU calculó que el coste de las 75 centrales estudiadas había superado los 145.000 millones de dólares cuando estaba previsto un desembolso de 45.000.
Sobrecoste en Finlandia
La tendencia sigue hasta hoy. La supermoderna central nuclear que empezó a construirse en Finlandia en 2003 se presupuestó para cuatro años y 3.000 millones de euros. La fecha prevista ahora para su inauguración es 2013 y la factura suma ya 5.800 millones. Estos 2.800 millones de diferencia -y subiendo- los tendrá que asumir el promotor, Areva, controlada por el Estado francés: pagarán, pues, los contribuyentes.
En este desfase radica buena parte de los enormes agujeros financieros de origen nuclear. Para taparlos, siempre se ha recurrido al dinero público. También en España.
La burbuja nuclear que estalló en EEUU en la década de 1980 tuvo igualmente su réplica aquí. Tras llegar al Gobierno, el PSOE declaró una moratoria nuclear que muchos expertos atribuyen en realidad a un intento de evitar la quiebra en cadena de las eléctricas, ahogadas por los créditos de origen nuclear. Con la moratoria se suspendió la construcción de siete centrales imposibles de terminar y posteriormente se repartieron a las empresas 729.000 millones de pesetas (4.391 millones de euros) en indemnizaciones, que han ido pagando los consumidores a través de la tarifa eléctrica.
Pero no fue este el único flujo de dinero público hacia el sector: mientras duró el periodo de amortización -en que los propietarios de las centrales tenían que ir pagando la enorme deuda contraída para la construcción-, funcionaba un sistema estable que pagaba por la energía nuclear una factura alta que permitiera la amortización en sólo 25 años. Después, con la liberalización de 1997, se introdujeron además fondos públicos específicos de más de mil millones -que fueron combatidos por Bruselas- para ayudarla a competir en un mercado abierto.
Y luego está el espinoso asunto de los residuos, que hasta la conmoción de Fukushima era el problema pendiente del sector, por mucho que FAES lo diera por resuelto. También aquí el dinero público acaba acudiendo al rescate, a menudo en el paquete del desmantelamiento de la central tras el fin de su vida útil.
Dudas con los residuos
En España, los residuos de baja y media actividad se van almacenando en El Cabril (Córdoba) y como el horizonte en que llegará al 100% se acerca -en principio, 2030-, urge construir un nuevo almacén, que exigirá el desembolso de otros mil millones. Pero aún no se sabe cómo guardar los de alta actividad, que son apenas el 5% del total pero que representan el 95% de la radiactividad, letales durante centenares de miles de años. Nadie sabe cuánto costará hacerse cargo de todo esto.
Tras la llegada del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se fijó a las empresas un canon de 0,2 euros por Mwh para hacer frente a los residuos. Por esta vía está previsto que el fondo creado en 1985 -y alimentado hasta 2006 con dinero público- alcance 16.000 millones en 2060.
¿Será suficiente? No hay estimaciones oficiales, pero tampoco dudas: no. Reino Unido ha calculado que necesitará invertir 125.000 millones para desmantelar su parque de centrales obsoletas y hacerse cargo de los residuos durante 125 años. La factura la pagará el contribuyente.
"Lo que en España tenemos resuelto en los residuos es el equivalente a una semana de vida de un adulto que llegará a los 80 años. Nadie es capaz ni siquiera de imaginar a cuánto ascenderá el coste", afirma un alto cargo gubernamental.
"Los gastos de esta energía supuestamente tan barata son enormes, pero siempre se socializan", lamenta Ladislao Martínez, una de las referencias del mundo ecologista español, ahora en Fundación Renovables, quien agrega otros dos aspectos que nunca se contabilizan: las carreteras especiales construidas para cumplir con los planes de emergencia y "la increíble consideración de la nuclear como industria nacional cuando desde 2001 importa el 100% del uranio".
Si todos estos gastos se han socializado, no ha pasado lo mismo con los beneficios generados una vez superado el largo periodo de amortización. Tampoco aquí hay datos oficiales, pero sí suficientes indicios como para concluir que han sido muy cuantiosos.
Es ahora, que ya no hay que cargar con los enormes gastos financieros derivados de la construcción, cuando puede hablarse de que producir energía nuclear es barato: según un informe de 2008 elaborado por tres consejeros de la Comisión Nacional de Energía -Sebastià Ruscalleda, Jorge Fabra y Jaime González-, el coste de producción para centrales amortizadas era de 18 euros por MWh en las nucleares, por 58 del carbón y casi 69 del ciclo combinado.
"Caídos del cielo"
En los años de amortización, el sistema beneficiaba a las nucleares. Y el de ahora, en las antípodas de aquél, también: las empresas ofertan su energía en una subasta y Red Eléctrica, tras adquirir el lote de renovables, va comprando por orden de barato. Como las nucleares no pueden parar la generación, entran en el sistema a "precio cero" para asegurar así que se coloca la disponible. Pero luego el sistema establece que todos reciban el mismo pago que la última tecnología que ha entrado en la subasta (la más cara), que suele ser el gas natural.
El negocio es tan redondo ahora, con los costes de capital ya amortizados, que se ha creado un término ad hoc para referirse a ellos: "beneficios caídos del cielo". Del informe de la CNE se desprendía que los dueños de las nucleares se repartieron por esta vía 2.000 millones en 2008. Ello lleva a la cifra media de 800.000 euros al día por central.2008 fue un año excepcional porque el precio de referencia que pagó Red Eléctica subió hasta los 60 euros. Pero incluso con los baremos actuales, en torno a los 40 euros, los beneficios son magníficos: unos mil millones al año en su conjunto, 400.000 euros al día de media por central.
Impuesto en Alemania
Que estas estimaciones se acercan a la realidad lo prueban los cálculos difundidos en Alemania tras la decisión de Angela Merkel -tras Fukushima, congelada- de prolongar 12 años la vida de las 17 centrales: iba a suponer 100.000 millones de ingresos extras para las empresas. La cuenta supone 1,3 millones brutos por central y día. Eso sí, Merkel gravó con un impuesto la prolongación del periodo de funcionamiento, con lo que el Estado iba a ingresar 30.000 millones.
El sector español no da cifras de beneficios. Como mucho, de inversiones: "Hemos internalizado muchos más costes que otros, como los residuos, y pese a ello seguimos siendo competitivos e invertimos 300 millones al año en mejoras al parque nuclear", destaca la presidenta del Foro Nuclear.
La gran paradoja es que el consumidor no se beneficia ahora de que el precio de producción nuclear sea tan bajo porque Red Eléctrica paga la tarifa cara. "Ahora mismo, el gran argumento de que producir energía nuclear es barato sólo sirve para aumentar el bolsillo de sus propietarios", lamenta Javier García, de Ecologistas en Acción. Los beneficios del sector dependen, pues, fundamentalmente de que se alargue la vida de las centrales que ya se amortizaron con ayuda de dinero público: levantar nuevas centrales exige un esfuerzo económico demasiado arriesgado para un inversor privado mientras que las viejas implican beneficios seguros y para hoy. "La industria planteó el renacer nuclear al extremo para quedarse en el punto medio, que es el que en realidad les interesa: prolongar la vida de las centrales", opina Carlos Mulas-Granados, economista y director de Ideas, la fundación del PSOE.
Esta dinámica incrementa más aún los riesgos de la energía nuclear, añade Enric Tello, economista de la UB: "En estas condiciones, se querrá sacar el máximo partido de la gallina de los huevos de oro y las centrales son muy antiguas. La pugna entre la rentabilidad privada y la seguridad pública aún crecerá mas", opina. El sueño de Strauss resultó ser una quimera. Pero aún podría convertirse en pesadilla.
Fuente: Publico.es
Autor: Pere Rusiñol / Madrid
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